En días en que se celebran dos décadas de existencia de las entidades reguladoras, es prudente evaluar la importancia que estas han tenido para mejorar las prácticas de gobierno y la necesidad que este exitoso modelo se replique a otros ámbitos de la sociedad, para garantizar la institucionalidad en los diferentes sectores.
Estas entidades que nacieron con la famosa ley 142 o de servicios públicos en 1994, apenas alcanzan su adultez pero ya han probado que la forma como responden a las necesidades de la ciudadanía refleja profesionalismo y capacitación.
De esta forma, se ha logrado posicionar la importancia del tema técnico en la gestión del Estado y a diferencia de otras entidades estatales, que por momentos parecerían ser obsoletas, aquí vemos un caso positivamente contrario del que se puede tomar como ejemplo la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a la que el Gobierno le ha atribuido un mayor número de funciones; como se dio a través de la ley 1507 en la que se redistribuyeron funciones de la extinta CNTV y muchas de estas se le adjudicaron a la CRC.
A raíz de la buena labor que se ha desempeñado esta comisión, la OCDE recomendó que se disolviera la ANTV y quién mejor para asumir estas funciones que la misma CRC. De esta manera, las otras comisiones encargadas del tema de aguas y energía también han sido cruciales para el desarrollo de sus sectores en el país, de ahí que se pueda considerar viable y positivo para el futuro de Colombia que se creen comisiones reguladoras para otros sectores como la educación y el software.
El progreso macroeconómico del país viene evolucionando de manera favorable y es un punto en el que la labor de las comisiones reguladoras puede impulsar de forma importante el desarrollo, por eso es necesario que fijemos nuestra atención y esfuerzos en estos entes que son muestra clara de la reorientación del Estado hacia políticas de vanguardia.
Desde el legislativo queremos promover un Estado profesional, que escuche a sus ciudadanos y que tome decisiones acertadas, teniendo en cuenta que la prosperidad y el desarrollo tengan un marco de institucionalidad, garantizando competitividad para el país y por ende, un escenario en el que la paz, la equidad y la educación se verán beneficiadas.
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