Comunicado 503

Comunes las protestas después de 30 días

Cartagena, mayo 28 de 2021. El estallido social de 2021 inició en Colombia el 28 de abril y su detonante fue la reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional. Hoy, 28 de mayo, 30 días después, continúa el descontento con el Estado en general y especialmente frente a denuncias por abuso de fuerza, fallecidos y desaparecidos; la ciudadanía sigue en las calles a pesar que el Gobierno haya accedido a numerosas exigencias de promotores de las marchas, como lo han sido reducciones en el costo de combustibles y el archivo de proyectos de ley como la Reforma para regular a taxistas y plataformas tecnológicas, la Reforma a la Salud y la misma Reforma Tributaria que fue el detonante del estallido social, entre muchos otras.

La mayoría de las protestas han sido pacíficas y hay consenso en la ciudadanía para defender el derecho a la protesta y rechazar cualquier tipo de violencia, vandalismo o bloqueos. Sin embargo, hechos lamentables como la quema de: los peajes de Villa Rica en el norte del Cauca, de la vía Turbo en el Urabá antioqueño, de Loboguerrero vía Buenaventura, del palacio de justicia en Tuluá, del SuperCade Américas en Bogotá, del transporte público como buses de Transmilenio en Soacha, el Mío en Cali y la estación de Metroplús en Medellín, entre otros, que generan mucha preocupación, tristeza, dolor, impotencia, rabia, temor e incertidumbre, entre muchas otras emociones, y que tienen incluso un impacto sobre todo el país afectando la economía, la credibilidad de las instituciones y la salud pública.

En medio de las marchas, entre las exigencias y peticiones que ha presentado el Comité del Paro se encuentran iniciativas con un costo anual de más de 80 billones de pesos —el equivalente a casi el doble del presupuesto anual de la educación— y algunos políticos exigen hasta la renuncia del recientemente nombrado Ministro de Defensa, quien lleva solo cerca de tres meses en el cargo, manifiestando que: “(1) Desconoce y viola los DDHH y el DIH, (2) Reprime y criminaliza la protesta social, (3) Justifica la violación a los Derechos Humanos, (4) Falsos positivos judiciales, (5) Participación directa en los operativos de la Fuerza Pública, (6) Afectación en las relaciones internacionales con sus declaraciones, (7) Violación de la ley (art 35)” según lo expuesto por congresistas de la oposición durante los debates. Estas exigencias resultaron en un duro debate de control político por parte del Congreso y con una votación de 69 en contra y 31 a favor, el Senado de la República optó por mantener al Ministro.

Una de las grandes preocupaciones por parte de los ciudadanos es que las protestas lastimosamente coinciden también con el tercer pico de la pandemia COVID-19 que vive el país y que ha resultado en aumentos de contagios, ocupaciones de UCI y hasta en muertes de seres queridos por cuenta del virus. También preocupan el aumento de desempleo y pobreza que reveló el DANE. Adicionalmente, en materia económica, el Ministerio de Hacienda reportó que los costos diarios por cuenta del paro nacional ascienden a $484.000 millones en promedio —equivalente a casi 10 millones de dosis de vacunas de la firma Pfizer a un precio de USD 12 cada una.

Ante este panorama, es indispensable la reactivación económica de todos los sectores, teniendo en cuenta la percepción de injusticia que le genera a muchos ciudadanos que haya todavía restricciones a establecimientos comerciales y cosas como “pico y cédula”, mientras que miles de personas salen a las calles a diario a protestar.

Conozca 3 noticias relacionadas al comunicado

Fin de noticias relacionadas y continúa el comunicado

Debido al incremento de noticias falsas sobre las protestas siempre recomendamos apoyarnos en cifras oficiales, especialmente en tiempos de incertidumbre. Les sugerimos las cifras actualizadas por parte del Ministerio de Defensa (@MinDefensa) y también cifras de denuncias como por ejemplo las de Temblores ONG que han hecho seguimiento a las jornadas.

Hacemos un llamado para (1) rechazar cualquier tipo de violencia, vandalismo o abuso; (2) promover el diálogo sincero, transparente, escucharnos, buscar soluciones, apagar incendios y lograr acuerdos; (3) respetar y defender el derecho a la protesta; (4) ser solidarios con las víctimas al igual que con familiares y seres queridos de las mismas, sean de la ciudadanía o de la fuerza pública; y (5) que se garantice la transparencia y agilidad en las denuncias y los resultados de las mismas, especialmente ante las discrepancias que puedan existir entre las cifras de fallecidos, heridos y desaparecidos.

A nivel internacional se han generado alarmas por la situación en la que se encuentra el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reiterado la necesidad de hacer una visita en defensa de los Derechos Humanos y en especial frente a denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza y violencia sexual.

“Al parecer las protestas continuarán, incluso después de un mes de marchas, hasta que haya un acuerdo nacional que involucre a toda la sociedad, actores internacionales que generen confianza y una reforma a todo el Estado Colombiano” (H.S. Andrés Garcia Zuccardi)

Por: Equipo de prensa de Andrés García Zuccardi, Senador de la República por el Partido de la Unidad, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, de la Comisión Accidental de MiPymes y de la Comisión de Seguimiento sobre la situación de entre Colombia y Venezuela.

Síganos en twitter: @AGarciaZuccardi

Facebook: Andrés García Zuccardi

Youtube: Andrés García Zuccardi

Imagen: Equipo AGZ

Referencias